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El Salvador
Diez años después



Amnistía Internacional, enero del 2002


Cuando se cumplen diez años de la firma de los Acuerdos de Paz en El
Salvador, los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos
cometidas durante los 11 años que duró el conflicto en el país todavía no
han comparecido ante la justicia, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
«Este hecho constituye el fracaso más grave en el ámbito de los Acuerdos
desde que la cuestión de los derechos humanos fue fundamental en el
proceso de paz», afirmó la organización.
Amnistía Internacional subrayó que si bien muchos de los responsables de
las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las «desapariciones», los
asesinatos a manos de los «escuadrones de la muerte» y los asesinatos de
opositores políticos han sido identificados en el informe de la Comisión
de la Verdad de El Salvador, la esperanza de que se haga justicia se ha
desvanecido al aprobarse la Ley de Amnistía General pocos días después de
la publicación del informe de la Comisión.
«Éste es el caso de la masacre del El Mozote, donde cientos de personas,
la mayoría de ellos niños, perdieron la vida hace ahora poco más de 20
años, en un crimen cuya responsabilidad no ha sido imputada a nadie. A
pesar de las decisiones y las recomendaciones formuladas por las
organizaciones internacionales de derechos humanos, las autoridades
salvadoreñas siguen buscando el amparo de una ley de amnistía que niega a
las víctimas y a sus familias el acceso a la justicia.»
El objetivo de los Acuerdos fue poner fin a la guerra, cimentar la
estructura institucional con vistas al futuro del país, investigar las
violaciones de derechos humanos que se cometieron en el pasado y
garantizar el respeto permanente a los derechos humanos. Además, los
Acuerdos trajeron aparejada, entre otras cosas, la reforma de
instituciones como las fuerzas armadas, el sistema judicial y las fuerzas
de seguridad.
«Probablemente la institución de las fuerzas armadas haya sido la más
afectada por estos cambios, por cuanto ya no está directamente vinculada a
la seguridad pública y su número de miembros se ha reducido con arreglo a
la nueva situación en tiempos de paz», declaró Amnistía Internacional.
«Con todo, al sistema judicial le queda todavía un largo camino por
recorrer para cumplir con su importante cometido y ofrecer una justicia
pronta e imparcial a todas las personas».
«La Policía Nacional Civil, creada a raíz del desmantelamiento de las
fuerzas de seguridad, responsables de graves violaciones de derechos
humanos, constituye sin lugar a dudas una mejora en relación con la
institución que le precedió pero, igualmente, aún está lejos de ganarse la
confianza de la sociedad en general.»
Amnistía Internacional instó a las autoridades a que apoyaran la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos al objeto de
garantizar su correcto funcionamiento. Esta institución, percibida como
piedra angular de los Acuerdos, y crucial para el desarrollo de la
sociedad salvadoreña y el respeto a los derechos humanos, sufrió una seria
crisis entre 1998 y 2001, debido a la politización del cargo de Procurador
y el proceso que conducía a su designación.
«A pesar de los avances que se han experimentado, queda mucho por hacer
para lograr el completo desarrollo de los Acuerdos de Paz, así como para
poder pasar página en lo que concierne al respeto a los derechos humanos
en El Salvador.»
«Concretamente, resulta harto preocupante percibir que 10 años después del
compromiso suscrito ante la comunidad nacional e internacional, en El
Salvador persiste la impunidad para los que cometieron en el pasado
violaciones de derechos humanos. La misma inquietud producen los indicios
que indican que ésta pueda ser la norma en lo venidero. Hacer frente al
pasado constituye un paso indispensable para que El Salvador pueda avanzar
hacia un auténtico futuro de paz y unidad», declaró Amnistía
Internacional.


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