Luis Javier Garrido
La Jornada

Los intereses que han gobernado a México en los últimos sexenios prevalecen en
el país con Vicente Fox, y por ello no hay confianza alguna en que el "nuevo
gobierno" vaya a esclarecer los crímenes del pasado reciente.
1. La tardía decisión de Fox, a un año de haber llegado a Los Pinos, de que se
investiguen algunos crímenes del pasado, anunciada en el antiguo Palacio de
Lecumberri luego de oír un reporte del titular de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos -CNDH- (27 de noviembre), no ha despertado ninguna confianza, a
pesar de la legítima esperanza que alientan los familiares de muchos de los
desaparecidos en el último cuarto de siglo y de la atención con la que se ha
seguido la iniciativa.
2. La desconfianza social se ve fortalecida por el deficiente y amañado informe
de José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, y sus recomendaciones al
Ejecutivo, ya que el mismo no representa investigación alguna y no hace más que
repetir la información que hasta la saciedad se ha publicado en la prensa,
pretendiendo que los responsables de los crímenes del pasado son algunos agentes
policiales y oficiales del Ejército, buena parte de los cuales están ya
detenidos, han fallecido o se hallan desaparecidos.
3. Vicente Fox se ha negado durante doce meses a aceptar una real transición
política, no ha querido destruir el aparato financiero y burocrático del narco
Estado, se ha opuesto a desmantelar el aparato corporativo del antiguo régimen y
a someter al priísmo a la legalidad, no quiere anteponer los derechos de la
nación y de las comunidades a los privilegios de los empresarios, y a nadie se
esconde que en múltiples ocasiones se ha pronunciado por que haya "perdón" y
"olvido" para los crímenes del pasado, como en España o en Chile (que son su
referente), de ahí la desconfianza que suscita ahora.
4. La guerra sucia que se ha librado desde el poder contra los mexicanos, tanto
a lo largo del antiguo como de este nuevo régimen, se ha llevado a cabo a través
de a) las fuerzas armadas, b) la Policía Judicial Federal y otros cuerpos
policiacos federales y locales, así como de c) los grupos paramilitares, y por
lo mismo carece de credibilidad una investigación puesta en manos de un mando
militar, como es el caso del actual titular de la Produraduría General de la
República (PGR), general Rafael Macedo de la Concha, a quien se ha señalado por
encubrir a miembros del Ejército en este sexenio y por su colusión en el
encarcelamiento del general José Francisco Gallardo.
5. La confianza que se tiene en este gobierno de continuismo es muy poca, y el
hecho de que esté encubriendo a salinistas y zedillistas no es ajeno a ello. El
problema no es, por lo tanto, que Fox haya optado porque la PGR investigue, como
propuso Santiago Creel escudándose en el legalismo (del antiguo régimen), sobre
la propuesta de Jorge Castañeda, que sugería crear, como en Sudáfrica, una
comisión de la verdad, creyendo que un grupo de dóciles académicos y empresarios
podría legitimar mejor el carpetazo que Fox pretende dar al pasado.
6. La iniciativa de Fox carece de credibilidad en todo, y en particular cuando
el propio Ejecutivo se arroga el derecho de establecer por decreto el periodo
que se va a investigar, que según él debe ser el de "los años setenta",
pretendiéndose así que fue durante esa época que se cometieron las exacciones,
acotándose de tal suerte la búsqueda de responsables a los sexenios de Díaz
Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, los últimos presidentes populistas, y
de De la Madrid, con lo que se exoneran de antemano los ilícitos cometidos
durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo y del propio Fox.
7. La iniciativa oficial deja de tal manera fuera de toda posible investigación
una serie de delitos imputables a las autoridades y que son de muy diversa
índole: desde el homicidio de Rubén Jaramillo en los años de López Mateos (1962)
hasta el de Digna Ochoa en el sexenio foxista (2001), de la misma manera que no
se busca esclarecer una serie de crímenes de Estado que agraviaron profundamente
a los mexicanos en los años de la tecnología priísta y ahora de los
tecnoempresarios foxianos: el periodo de mayor criminalidad de Estado y de
impunidad en la historia mexicana, durante el que siguió practicándose la
tortura y habiendo múltiples desapariciones, homicidios y matanzas genocidas, de
Aguas Blancas a Acteal.
8. ¿Por qué habría que limitar los crímenes de Estado a "los actos de tortura y
desapariciones por motivos políticos", como dijo Fox? ¿Qué acaso las matanzas
genocidas, los delitos patrimoniales contra la nación o la reconversión del
Estado mexicano en un narcoEstado, proceso del cual Fox aparece ahora como
encubridor, no han lesionado también profundamente a los mexicanos y aparecen
como un escollo para alcanzar la concordia nacional?
9. Una investigación que de antemano decida excluir al sexenio de Vicente Fox,
en el que han proseguido las desapariciones, los crímenes políticos y todo
género de ilícitos contra la nación, no puede tener la confianza de los
mexicanos, pues aparece como simple manipulación política que, ya se está
viendo, parece destinada a distraer la atención ante la gravedad de la crisis
económica y social, a presionar al sector más duro del priísmo para que acepte
la reforma fiscal y el presupuesto y sobre todo, a aparentar una "transición"
para legitimar al gobierno foxista como lo que no es: un gobierno de cambio.
10. El presente régimen, que Fox pretende diferente, no es sino prolongación del
antiguo, y por ello urge un quiebre histórico impulsado desde la sociedad, ya
que la simulación del cambio no está haciendo más que envilecer el futuro.