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Guerra civil en Guatemala
Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico

 

La tragedia del enfrentamiento armado

1. Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemala entró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, de enormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y morales. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ceh) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17 % eran ladinos.1

2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la ceh estima que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil personas.

Las raíces históricas del enfrentamiento armado

3. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluye que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, reflejo de su historia colonial. Desde la independencia proclamada en 1821, acontecimiento impulsado por las elites del país, se configuró un Estado autoritario y excluyente de las mayorías, racista en sus preceptos y en su práctica, que sirvió para proteger los intereses de los restringidos sectores privilegiados. Las evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda crudeza durante el enfrentamiento armado, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social.


4. El carácter antidemócrático de la tradición política guatemalteca tiene sus raíces en una estructura económica caracterizada por la concentración en pocas manos de los bienes productivos, sentando con ello las bases de un régimen de exclusiones múltiples, a las que se sumaron los elementos de una cultura racista, que es a su vez la expresión más profunda de un sistema de relaciones sociales violentas y deshumanizadoras. El Estado se fue articulando paulatinamente como un instrumento para salvaguardar esa estructura, garantizando la persistencia de la exclusión y la injusticia.

5. La ausencia de una política social eficaz por parte del Estado, con excepción de la época que abarca de 1944 hasta 1954, acentuó esta dinámica histórica excluyente. En muchos casos las políticas estatales durante el periodo reciente propiciaron las desigualdades o, como mínimo, su endémica debilidad institucional permitió que éstas se exacerbaran. Como muestra, durante los veinte años de mayor crecimiento económico en Guatemala (1960-1980), el gasto social del Estado fue el menor de Centroamérica y la carga tributaria fue a su vez la más baja.

6. Por su mismo carácter excluyente el Estado fue incapaz de lograr un consenso social en torno a un proyecto de nación que pudiera aglutinar al conjunto de la población. Concomitantemente renunció a su papel de mediador entre los intereses sociales y económicos divergentes, abriendo un vacío que facilitó la confrontación directa entre los sectores afectados. De especial preocupación para la ceh fue la manera en que las sucesivas Constituciones de la República y las garantías de los derechos humanos y cívicos explicitadas en ellas, se convirtieron en instrumentos formales, violados por diversas estructuras del mismo Estado.

7. El poder legislativo y los partidos políticos que en él participaron, también contribuyeron en distintos momentos a la creciente polarización y exclusión, dictando normas legales que legitimaron los regímenes de excepción y supresión de los derechos civiles y políticos, así como dificultaron o impidieron procesos de cambio. Se produjo una ausencia efectiva de mecanismos institucionales apropiados para canalizar las inquietudes, reivindicaciones y propuestas de los distintos grupos de población. La falta de cauces para orientar constructivamente el disenso a través de fórmulas de mediación propias de los sistemas democráticos, consolidó aún más una cultura política confrontativa e intolerante y provocó una retroalimentación casi ininterrumpida de inestabilidad que impregnó todo el orden social.

8. Quedó así conformado un círculo vicioso donde la injusticia social provocó protesta y luego inestabilidad política, que permanentemente sólo tuvo dos respuestas: represión o golpe militar. Frente a movimientos que proponían reivindicaciones económicas, políticas, sociales o culturales, el Estado recurrió crecientemente a la violencia y el terror para mantener el control social. En este sentido la violencia política fue una expresión directa de la violencia estructural de la sociedad.

La represión sustituye a las leyes

9. La ceh ha concluido que, durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de Inteligencia militar. Este sistema fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado interno, complementado por la colaboración directa o indirecta de sectores económicos y políticos dominantes.

La ineficacia de la justicia

10. El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales.

El cierre de los espacios políticos

11. Después del derrocamiento del Gobierno del coronel Jacobo Arbenz en 1954 tuvo lugar un acelerado proceso de cierre de espacios políticos, inspirado en un anticomunismo fundamentalista que anatematizó un movimiento social amplio y diverso, consolidando mediante las leyes el carácter restrictivo y excluyente del juego político. Estas restricciones a la participación política fueron pactadas por diversos sectores de poder fáctico del país y activadas por las fuerzas civiles y políticas de esa época. Este proceso constituye en sí mismo una de las evidencias más contundentes de las estrechas relaciones entre el poder militar, el poder económico y los partidos políticos surgidos en 1954. A partir de 1963, además de las restricciones legales, la creciente represión estatal contra sus reales o supuestos opositores fue otro factor decisivo en el cierre de las opciones políticas en Guatemala.

Las causas profundas del enfrentamiento armado

12. La ceh concluye que fenómenos coincidentes como la injusticia estructural, el cierre de los espacios políticos, el racismo, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática, así como la renuencia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos estructurales, constituyen los factores que determinaron en un sentido profundo el origen y ulterior estallido del enfrentamiento armado.

Guerra Fría, Doctrina de Seguridad Nacional y el papel de los Estados Unidos

13. La ceh reconoce que el avance de la sociedad y del Estado hacia la polarización, la militarización y la guerra intestina no sólo fueron efectos procedentes de la historia nacional. La Guerra Fría tuvo también influencia especial. La política anticomunista promovida por los Estados Unidos en el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos, mientras aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenes militares fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se concretó en el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado.

14. El anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) fueron parte de la estrategia antisoviética de los Estados Unidos en América Latina. En Guatemala asumieron primero un sentido antirreformista, luego antidemocrático y, en último término, contrainsurgente convertido en criminal. La Doctrina de Seguridad Nacional encontró terreno fértil en Guatemala en el pensamiento anticomunista ya arraigado en el país, donde dicho pensamiento se fundió desde los años treinta con una actitud de defensa de la religión, las tradiciones y los valores conservadores supuestamente amenazados por la expansión mundial del comunismo ateo. Hacia los años cincuenta esta actitud fue apoyada con fuerza por la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que condujo a calificar de "comunista" cualquier postura que contradijera su discurso, contribuyendo a dividir y confundir aún más a la sociedad guatemalteca.

El enemigo interno

15. Durante el periodo del enfrentamiento armado la noción de "enemigo interno", intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, en razón de ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas. Mediante su investigación, la ceh recogió uno de los efectos más devastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas por la ceh, incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya.

La Iglesia Católica


16. La Iglesia Católica transitó, en muy corto tiempo en la historia reciente de Guatemala, de una postura conservadora hacia posiciones y prácticas que, fundamentadas en el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965) y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968), priorizaban el trabajo con los excluidos, los pobres y los marginados, promoviendo la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Estos cambios doctrinales y pastorales chocaron con la estrategia contrainsurgente que consideró a los católicos como aliados de la guerrilla y por tanto parte del enemigo interno, sujeto de persecución, muerte o expulsión. Por su lado, la guerrilla vio en la práctica de la llamada "teología de la liberación", un punto de encuentro para extender su base social, buscando ganar la simpatía de sus adeptos. Un gran número de catequistas, delegados de la Palabra, sacerdotes, religiosas y misioneros fueron víctimas de la violencia y dieron su vida como testimonio de la crueldad del enfrentamiento armado.

La insurgencia guatemalteca, la lucha armada y la influencia cubana

17. La insurgencia guatemalteca, por su parte, surgió como la respuesta de un sector de la población ante los diversos problemas estructurales del país. Frente a la injusticia, la exclusión, la pobreza y la discriminación, proclamó la necesidad de tomar el poder para construir un nuevo orden social, político y económico. A lo largo del enfrentamiento armado los grupos insurgentes asumieron las tesis de la doctrina marxista en sus diversas orientaciones internacionales. Aunque tuvieron un tronco histórico común en el proscrito partido comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo (pgt), varias organizaciones surgieron como resultado de una crítica al mismo, por su renuencia a seguir el camino de la lucha armada.

18. La influencia de Cuba y su exaltación de la lucha armada incidieron en estos procesos tanto en Guatemala como en el resto del continente latinoamericano. Sobre este punto, la ceh concluye que el apoyo político, logístico, de instrucción y entrenamiento que prestó Cuba a la insurgencia guatemalteca durante todo el periodo, supuso otro factor externo importante que marcó la evolución del enfrentamiento armado. En el contexto de un Estado crecientemente represivo, sectores de la izquierda, en concreto aquellos que seguían la ideología marxista, asumieron la perspectiva cubana de la lucha armada como vía única para la defensa de los derechos del pueblo y la toma del poder.

19. En la medida en que la represión estatal se intensificó y amplió la cobertura de sus potenciales víctimas, la tendencia rebelde que cifraba la solución política nacional en el triunfo de la guerrilla se vio fortalecida. Más que compartir un proyecto político-ideológico concreto, durante la mayor parte del enfrentamiento la cohesión de la insurgencia guatemalteca se definió en torno a la necesidad y primacía de la lucha armada casi como única solución.

20. Durante su investigación la ceh comprobó que el trabajo político de las organizaciones guerrilleras dentro de los diversos sectores de la sociedad fue orientado crecientemente a fortalecer su capacidad militar, en perjuicio del estilo de acción política propio de sectores democráticos. Asimismo, los intentos de otras fuerzas políticas para aprovechar los limitados espacios de participación legal fueron descalificados con radicalidad por algunos sectores de la insurgencia como "reformistas" o "disidentes", mientras las personas que pretendían mantenerse al margen del enfrentamiento eran tratadas con profunda desconfianza y hasta como potenciales enemigos, contribuyendo también por este lado a la intolerancia política y la polarización.

Los enemigos de los grupos insurgentes

21. Además de la clara definición del Ejército como su enemigo, los grupos insurgentes incluyeron también en esta categoría a civiles, representantes del poder económico y político que consideraban afines a la represión, así como a personas de las que, en especial en las áreas rurales, se sospechaba que prestaban apoyo al Ejército o que ejercían un poder económico local. Entre los casos registrados por la ceh las acciones de los grupos insurgentes produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia, entre hombres, mujeres y niños, incluyendo un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2% de las desapariciones forzadas.

Más allá de las dos partes

22. Si bien en el enfrentamiento armado aparecen como actores más visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación realizada por la ceh ha puesto de manifiesto la implicación de todo el Estado, unificando sus diversas instituciones y mecanismos coactivos. Asimismo se constata la responsabilidad y participación, bajo diferentes formas, de los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil.

23. Por ello, la ceh concluye que la explicación de fondo del enfrentamiento armado guatemalteco no puede reducirse a una lógica de dos actores armados. Tal interpretación no explica ni podría fundamentar la persistencia y la significación que tuvo la participación de los partidos políticos y fuerzas económicas en la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia; ni los repetidos esfuerzos organizativos y la constante movilización de sectores de la población que luchaban por alcanzar reivindicaciones económicas, políticas y culturales.

La respuesta represiva desproporcionada

24. La magnitud de la respuesta represiva del Estado, absolutamente desproporcionada en relación con la fuerza militar de la insurgencia, sólo puede entenderse en el marco de los profundos conflictos sociales, económicos y culturales del país. Sobre la base de los resultados de su investigación, la ceh concluye que en el periodo 1978-1982 se produjo entre amplios sectores de la ciudadanía una creciente movilización social y oposición política a la continuidad del orden establecido, cuyas expresiones organizadas, en algunos casos, mantuvieron relaciones de diversa índole con la insurgencia. No obstante, en ningún momento del enfrentamiento armado interno los grupos guerrilleros tuvieron el potencial bélico necesario para constituir una amenaza inminente para el Estado. Los contados combatientes no pudieron competir en el plano militar con el Ejército de Guatemala, que dispuso de más efectivos, muy superior armamento, así como mejor entrenamiento y coordinación. También se ha constatado que durante el enfrentamiento armado, el Estado y el Ejército conocían el grado de organización, el número de efectivos, el tipo de armamento y los planes de acción de los grupos insurgentes. De esta forma, fueron conscientes de que la capacidad militar de la insurgencia no representaba una amenaza concreta para el orden político guatemalteco.

25. La ceh concluye que el Estado magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia, práctica que fue acreditada en su concepto del enemigo interno. Incluir en un solo concepto a los opositores, demócratas o no; pacifistas o guerrilleros; legales o ilegales; comunistas y no comunistas, sirvió para justificar graves y numerosos crímenes. Frente a una amplia oposición de carácter político, socioeconómico y cultural, el Estado recurrió a operaciones militares dirigidas a aniquilarla físicamente o amedrentarla por completo, a través de un plan represivo ejecutado principalmente por el Ejército y los demás cuerpos de seguridad nacional. Sobre esta base la ceh explica por qué la vasta mayoría de las víctimas de las acciones del Estado no fueron combatientes de los grupos guerrilleros sino civiles.

La concentración territorial de las operaciones militares y sus víctimas

26. Con base en la información procesada por la ceh, se constatan diferencias relevantes en la concentración territorial de las operaciones militares y en el tipo de víctimas, dependiendo del periodo específico del enfrentamiento armado. En el periodo 1962-1970, las operaciones se concentraron en Oriente, la ciudad de Guatemala y la Costa Sur, siendo las víctimas fundamentalmente campesinos, miembros de las organizaciones gremiales rurales, profesores y estudiantes universitarios y secundarios, y simpatizantes de la guerrilla. En los años 1971-1977 los operativos de la represión fueron más selectivos y dispersos; las víctimas incluyeron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes.

27. Durante el periodo más violento y sanguinario de todo el enfrentamiento armado (1978-1985) los operativos militares se concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la Costa Sur y la capital. Las víctimas fueron mayoritariamente población maya y en menor proporción ladinos. En el último periodo (1986-1996) las acciones represivas tuvieron un carácter selectivo, afectando casi por igual a población maya y ladina. Las Comunidades de Población en Resistencia constituyeron un objetivo prioritario de las operaciones militares en el área rural.

La niñez

28. La ceh constata con particular preocupación que gran cantidad de niños y niñas también se encontraron entre las víctimas directas de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales, entre otros hechos violatorios de sus derechos elementales. Además, el enfrentamiento armado dejó un número importante de niños huérfanos y desamparados, especialmente entre la población maya, que vieron rotos sus ámbitos familiares y malogradas sus posibilidades de vivir la niñez dentro de los parámetros habituales de su cultura.

Las mujeres

29. La investigación de la ceh permitió determinar que aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de las masacres y otras acciones indiscriminadas. Miles de mujeres perdieron a sus esposos, quedándose viudas y como único sostén de sus hijos, a menudo sin recursos materiales luego de la destrucción de sus casas y cultivos en las operaciones de tierra arrasada. Sus esfuerzos para reconstruir sus vidas y mantener sus familias merecen un reconocimiento particular.

30. A la vez la ceh reconoce que las mujeres, familiares de víctimas en su mayoría, han jugado un papel ejemplar en la defensa de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado, como impulsoras y dirigentes de diversas organizaciones de familiares de desaparecidos y de lucha contra la impunidad.

Los mayas como enemigo colectivo del Estado

31. En los años de exacerbación del enfrentamiento (1978-1983), con la ampliación de la base de apoyo y el ámbito de acción de la guerrilla, en varias regiones del país el Ejército identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla. En algunas ocasiones esta identificación se produjo en razón de la efectiva existencia de su apoyo a los grupos insurgentes, así como de condiciones preinsurreccionales en áreas de limitada extensión en el interior del país. Sin embargo, la ceh ha llegado a precisar que, en la mayoría de los casos, la identificación entre las comunidades mayas y la insurgencia fue intencionadamente exagerada por el Estado que, apoyándose en tradicionales prejuicios racistas, se sirvió de esta identificación para eliminar las posibilidades presentes y futuras para que la población prestara ayuda o se incorporara a cualquier proyecto insurgente.

32. La consecuencia de esta manipulación, ampliamente documentada por la ceh, fue la agresión masiva e indiscriminada a las comunidades, con independencia de su real involucramiento en la guerrilla, así como con indiferencia a su condición de población civil, no combatiente. Con las masacres, las operaciones de tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y la acción colectiva de las comunidades.

El racismo en la violencia

33. Mediante su investigación, la ceh también concluye que la innegable realidad del racismo como doctrina de superioridad expresada permanentemente por el Estado constituye un factor fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasada en su contra.

El repliegue de la guerrilla

34. La ceh ha comprobado que la guerrilla aplicó una táctica de "propaganda armada" y de ocupación temporal de pueblos, para ganar partidarios o demostrar su fuerza; pero al retirarse, dejaba a las comunidades indefensas y vulnerables. En muchos casos estas comunidades fueron luego atacadas por el Ejército, con un saldo muy elevado de muertos entre la población civil, especialmente en el pueblo maya. En algunos de ellos conocidos por la ceh, aldeas enteras fueron arrasadas por las fuerzas militares del Estado pocos días después del retiro de los grupos insurgentes que las ocupaban. En estos casos, aun reconociendo la clara y exclusiva autoría del Ejército como responsable de las violaciones masivas, la ceh tiene la convicción de que las acciones de la guerrilla incidieron para desencadenar estos hechos.

35. Frente a las operaciones de tierra arrasada y las masacres, que correspondían a una estrategia y a la planificación sistemática del Ejército, la guerrilla fue incapaz de proteger a la población que había simpatizado con sus propósitos o que la había apoyado. Esta incapacidad provocó en estos sectores un amplio sentimiento de abandono, decepción y rechazo.

La militarización

36. La ceh ha constatado que la militarización del Estado y la sociedad constituyó un objetivo estratégico definido, planeado y ejecutado institucionalmente por el Ejército de Guatemala, a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional y su peculiar interpretación de la realidad nacional. La militarización presentó características diferentes a lo largo de los años del enfrentamiento armado. Empezó durante los años sesenta y setenta con el dominio que el Ejército impuso sobre las estructuras del poder ejecutivo. Luego asumió el ejercicio casi absoluto del poder mediante su penetración en todas las instituciones y espacios políticos, sociales e ideológicos del país durante media década en los años ochenta, hasta llegar —en la etapa final— a tener un control paralelo, semivisible, de bajo perfil, pero de alto impacto, en la vida nacional.

37. La militarización fue en su momento uno de los factores que alimentó e incentivó el enfrentamiento armado, al limitar profundamente las posibilidades del ejercicio de los derechos cívicos, para luego constituir una de las consecuencias más corrosivas del mismo. La militarización constituyó un soporte de la impunidad. Además, en un sentido amplio, debilitó el tejido institucional del país, redujo sus posibilidades de funcionamiento real y contribuyó a la deslegitimización del mismo, ya que durante años la población ha vivido con la certeza de que el Ejército detentaba el poder efectivo en el país.

La inteligencia militar

38. Basándose en la investigación realizada, la ceh también concluye que las estructuras de Inteligencia militar en Guatemala han jugado un papel determinante en la militarización del país. No se conformaron con ejercer las funciones habituales de los órganos de esta naturaleza en el marco de un Estado democrático de Derecho, que consisten en sistematizar e interpretar información trascendental para la seguridad del país. Más bien, el sistema de Inteligencia de Guatemala fue el eje conductor de una política de Estado que aprovechó el escenario, delimitado por el enfrentamiento armado, para controlar a la población, a la sociedad, al Estado y al propio Ejército. Este dominio exhaustivo se fundamentó en una estrategia político-militar y se llevó a la práctica activando mecanismos violatorios de los derechos humanos, así como la Constitución y las leyes de la República.

39. La ceh ha comprobado que el control ejercido por la Inteligencia militar dependía no sólo de sus estructuras formales, sino también de una amplísima red de informantes infiltrados en las organizaciones sociales, las comunidades y diversas instituciones del Estado. Por ese medio accedió a un cúmulo de información que le ha permitido manejar a otras estructuras del Ejército, así como manipular diversos intereses y entidades del Estado y de la sociedad civil guatemalteca. Uno de los objetivos de la incorporación de la Inteligencia en las instituciones estatales fue multiplicar sus recursos de información y de guerra psicológica. A la vez, los órganos de Inteligencia infiltraron sus agentes en las organizaciones sociales, donde muchos activistas fueron luego víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

40. La investigación de la ceh ha corroborado que en Guatemala los servicios de Inteligencia militar realizaron operaciones no convencionales y de carácter irregular ajenas a cualquier orden o referencia legal. Sus operaciones ilegales fueron clandestinas, tanto en su preparación como en su desarrollo. El propósito de estas misiones fue garantizar el secreto de un trabajo para que no se pudiera determinar la autoría intelectual y material de los hechos, exculpar de toda responsabilidad a los agentes del Estado y asegurar así la inutilidad de cualquier investigación judicial y policial.

41. Dicha actividad clandestina se manifestó en la utilización de centros ilegales de detención, o "cárceles clandestinas", que existieron en casi todas las instalaciones del Ejército de Guatemala, en muchas instalaciones policiales y hasta en casas y locales privados. En estos sitios a las víctimas no sólo se les arrebató su libertad de modo arbitrario, sino que casi siempre fueron objeto de interrogatorios acompañados de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la mayoría de los casos los detenidos eran desaparecidos o ejecutados. En los pocos casos en que los detenidos eran liberados no medió ningún procedimiento judicial. En algunas ocasiones las víctimas eran obligadas a trabajar de manera ilegal y clandestina para el Ejército a cambio de su libertad parcial. Las oportunidades en que dichas personas fueron puestas a disposición de los tribunales competentes son excepcionales.

Los Kaibiles

42. La fuerza especial contrainsurgente del Ejército, denominada Kaibiles, ha llamado poderosamente la atención de la ceh, al constatar los contenidos degradantes de su proceso de entrenamiento, que incluyó matar animales para posteriormente comérselos crudos y beber su sangre para evidenciar valor. La extrema crueldad de estos métodos de entrenamiento, según los testimonios de que dispone la ceh, fueron puestos en práctica en diversos operativos llevados a cabo por estas tropas, haciendo cierto uno de los puntos del decálogo de sus miembros: "El Kaibil es una máquina de matar".

La policía militarizada


43. La ceh concluye que la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, dos importantes fuerzas de seguridad del Estado, también cometieron numerosas y graves violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Hacia mediados de los años sesenta, estas fuerzas iniciaron su subordinación al control del Ejército, situación que se mantuvo a lo largo del enfrentamiento. Actuando con frecuencia bajo órdenes de estructuras del Ejército, los "detectives" y otras fuerzas policiales que se vestían de civil, se convirtieron en los principales agentes del terror estatal en la capital de Guatemala durante casi veinte años.

El terror

44. La ceh comprobó que a lo largo del enfrentamiento armado el Ejército diseñó e implementó una estrategia para provocar terror en la población. Esta estrategia se convirtió en el eje de sus operaciones, tanto en las de estricto carácter militar como en las de índole psicológica y las denominadas de desarrollo.

45. Las organizaciones guerrilleras cometieron hechos violentos de extrema crueldad que aterrorizaron a la población y dejaron secuelas importantes en la misma. Fueron las ejecuciones arbitrarias, sobre todo las cometidas frente a familiares y vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e indefensión ya generalizado en la población.

46. El terror de Estado se intensificó en Guatemala a partir de 1966, cuando inició un proceso cuyas etapas más agudas correspondieron a los periodos de máxima violencia y cuyos epicentros se ubicaron en los escenarios donde la represión fue más intensa. Una gran parte de las violaciones de los derechos humanos conocidas por la ceh, cometidas por el Ejército u otros cuerpos de seguridad, fueron perpetradas con ensañamiento y en forma pública, especialmente en las comunidades mayas del interior del país. Asimismo, al tomar en cuenta los métodos de entrenamiento de las fuerzas del Ejército —y en especial de los Kaibiles— la ceh ha determinado que la crueldad extrema fue un recurso utilizado con intención para generar y mantener un clima de terror en la población.

47. El terror no se redujo a los hechos violentos o a las operaciones militares; dependía además de otros mecanismos conexos como la impunidad de los ejecutores, las extensas campañas para criminalizar a las víctimas y la implicación forzada de la población civil en la cadena causal y la ejecución efectiva de las atrocidades. Por estas razones, el terror no se extingue automáticamente cuando los niveles de violencia descienden, sino que tiene efectos acumulativos y perdurables, los cuales requieren tiempo, esfuerzo y experiencias de nuevo tipo para superarlos.

48. La investigación ha establecido que, más allá de la eliminación física de sus opositores, supuestos o reales, el terror de Estado se fomentó para dejar claro que quienes participaban en actividades reivindicativas, e incluso sus familiares, corrían el riesgo de perder la vida en medio de los mayores tormentos. Tuvo el objetivo de intimidar y callar al conjunto de la sociedad para aniquilar su voluntad de transformación, a corto e incluso largo plazo.

La criminalización de las víctimas

49. El Estado procuró también estigmatizar y culpabilizar a las víctimas y las organizaciones sociales, para transformarlas así en criminales en la imagen pública y por lo tanto en objetivos "legítimos" de la represión; lo pretendía al despojarlas de su dignidad como personas difundiendo a sangre y fuego la lección de que el ejercicio de los derechos cívicos podría ser castigado con la muerte. La ceh considera que este adoctrinamiento sistemático ha dejado huellas profundas en el subconsciente colectivo de la sociedad guatemalteca. El miedo, el silencio, la apatía y la falta de interés en la esfera de participación política son algunas de las secuelas más importantes que resultaron de la criminalización de las víctimas y suponen un obstáculo para la intervención activa de toda la ciudadanía en la construcción de la democracia.

La complicidad forzada en la violencia

50. La ceh concluye que entre los daños más drásticos del enfrentamiento se cuentan aquéllos que fueron consecuencias de haber obligado a amplios sectores de la población a convertirse en cómplices forzados de la violencia, en especial por su participación en las Patrullas de Autodefensa Civil (pac), estructuras paramilitares creadas por el Ejército en casi toda la República, a partir de 1981. La ceh ha conocido centenares de casos en que los civiles fueron obligados por el Ejército, bajo la amenaza de las armas, a violar a mujeres, torturar, mutilar cadáveres y matar. En estos casos, el recurso a la extrema crueldad fue utilizado por el Estado como medio de disgregación social. La participación forzada, de modo especial en las comunidades mayas, de gran parte de la población masculina mayor de 15 años en las pac, trastocó valores y patrones de conducta al normalizar la violencia como método para enfrentar situaciones de conflicto y al fomentar el desprecio por la vida de los otros.

El poder local arbitrario

51. Entraña un motivo de especial preocupación para la ceh el hecho que, en ciertos casos, se terminó creando victimarios civiles que luego, por convicción propia, cometieron atrocidades extremas contra sus propios vecinos, e incluso contra sus familiares cercanos. Se instituyó un poder armado sin controles que pudo actuar de manera arbitraria en las aldeas, persiguiendo fines particulares y abusivos.

52. La convivencia entre víctimas y victimarios reproduce el clima de miedo y el silencio. Para las víctimas, la confrontación diaria con sus victimarios mantiene viva la memoria dolorosa de las violaciones. La ceh ha comprobado que un gran número de personas, por temor a represalias, sigue callando sus sufrimientos pasados y presentes, mientras la interiorización de los traumas impide un proceso de definitiva curación de las heridas.

El duelo alterado y los cementerios clandestinos

53. Los testimonios recibidos por la ceh dan fe de las múltiples circunstancias que, durante el enfrentamiento armado, impidieron a miles de guatemaltecos poder observar los ritos que normalmente acompañan la muerte y entierro de una persona, provocando un hondo dolor que persiste en los sectores de la población afectada. La desaparición forzada fue la práctica más perniciosa en este sentido, por la incertidumbre que imponía acerca del paradero o destino de la persona. Asimismo, el clima de terror, la presencia militar y otras circunstancias que rodeaban las masacres, la huida y la persecución en la montaña, hacían frecuentemente inviable el entierro de los muertos. Para todas las culturas y religiones presentes en Guatemala, es casi inconcebible no dar digna sepultura a los fallecidos: violenta los valores y la dignidad de todos. Para los mayas, este fenómeno cobra una importancia particular por la relevancia central que tiene en su cultura el vínculo activo que une a los vivos con los muertos. La falta de un lugar sagrado a donde acudir para velar por este nexo constituye una preocupación profunda que brota de los testimonios de muchas comunidades mayas.

54. La ceh ha concluido que los cementerios clandestinos y ocultos, así como el desasosiego que padecen muchos guatemaltecos, por no saber qué pasó, ni siquiera dónde están sus familiares, delatan aún hoy una llaga abierta en el país. Representan un recuerdo permanente de los hechos violentos con que se negó la dignidad de sus seres queridos. Sanar las heridas particulares del duelo alterado implica la exhumación de las fosas secretas, así como la identificación final del paradero de los desaparecidos.

Las secuelas sociales de la tortura

55. La ceh concluye que el uso sistemático de la tortura implicó dos consecuencias colectivas fundamentales. En primer lugar, se formó y entrenó a expertos en las formas más eficientes y aberrantes de aplicar dolor sobre un ser humano para quebrarlo física y espiritualmente. En segundo lugar, la tortura se convirtió en algo "normal" dentro del trabajo rutinario de las estructuras militares y policiales del Estado, sobre todo entre los integrantes de Inteligencia, tolerado por la sociedad y los funcionarios judiciales.

La impunidad

56. La debilidad del sistema de justicia, ausente en extensas regiones del país antes del enfrentamiento armado, se acentuó cuando el poder judicial se plegó a los requerimientos impuestos por el modelo de seguridad nacional imperante. La ceh concluye que, al tolerar o participar directamente en la impunidad que daba cobertura material a las violaciones más elementales de derechos humanos, los órganos de justicia se volvieron inoperantes en una de sus funciones fundamentales de protección del individuo frente al Estado y perdieron toda credibilidad como garantes de la legalidad vigente. Permitieron que la impunidad se convirtiera en uno de los más importantes mecanismos para generar y mantener el clima de terror.

57. Estos factores se combinaron para impedir que en Guatemala existiera un Estado de Derecho. Asimismo crearon un arraigado escepticismo en la sociedad sobre el sentido de mejorar su sistema normativo y confiar en la administración de justicia como una alternativa eficaz para construir una sociedad de personas igualmente libres y dignas. De ahí que una de las tareas más arriesgadas y complejas en la instauración de la paz consiste en regenerar su trama básica, volverla asequible y funcional para toda la ciudadanía y lograr que tanto los grupos sociales como los individuos canalicen sus demandas y conflictos a través de las instituciones competentes del Estado.

El debilitamiento de las organizaciones sociales

58. La ceh ha comprobado que a lo largo del enfrentamiento armado las organizaciones sociales fueron un objetivo primordial de las acciones represivas del Estado. Considerados parte del "enemigo interno", fueron eliminados centenares de líderes y miembros de base adscritos a las más diversas agrupaciones. El saldo de esta coacción institucional fue el debilitamiento de la sociedad civil, afectando en la actualidad su capacidad de participación plena en los escenarios políticos y económicos del país. A su vez, la pérdida de profesionales, académicos y científicos, en suma, del "poder creativo" que murió o partió al exilio, no significó sólo un vacío abierto en una época determinada de la historia política y cultural del país, sino que supuso también la pérdida de una parte importante de la capacidad pedagógica e intelectual para educar a varias generaciones futuras del país.

59. Además de la represión y el exilio, la debilidad y fragmentación de las organizaciones sociales se deben en buena medida a la conjunción de los diversos mecanismos activados durante el enfrentamiento armado por el Estado para destruirlas; mecanismos que continúan presentes en la memoria colectiva. Estigmatización, miedo, desconfianza y la percepción en ciertos sectores de que la firma de la paz no ha cambiado aún al Estado represivo, funcionan todavía como obstáculos, impidiendo la plena participación, aunque el proceso de paz y reconciliación nacional marca una alentadora reversión de esta tendencia.

60. La actividad que desarrollaron miembros de la insurgencia en las organizaciones sociales también afectó a éstas no sólo porque su participación fue un factor más para que fueran reprimidas, sino también porque en muchos casos provocó divisiones, polarización y fuertes luchas en el seno de las organizaciones que terminaron debilitándolas. El verticalismo que la insurgencia llevó a las organizaciones sociales en que tuvo participación, coartó su libertad para tomar decisiones propias, asfixiando su autonomía y ampliando los efectos de las políticas represivas del Estado, de desestructuración de la oposición social y política del país.

La libertad de expresión coartada

61. La libertad de expresión va íntimamente vinculada al libre ejercicio de los derechos cívicos. Al cerrarse los espacios para la participación social y política, implícitamente se cerraron los espacios para la libertad de expresión. Durante el largo periodo del enfrentamiento armado, el simple hecho de pensar críticamente se constituyó en Guatemala en un acto peligroso, y escribir sobre ideas, hechos o acontecimientos de la vida política y social del país significó correr el riesgo de la amenaza, la tortura, la desaparición y la muerte. La opinión de los ciudadanos, escritores, artistas, poetas, políticos y periodistas, estuvo sujeta a los riesgos que la represión y la polarización ideológica les imponían al ejercer el derecho a expresarse. Aun habiendo gente que levantó su voz a pesar de los riesgos, debe señalarse que las grandes empresas periodísticas en general se adhirieron a los regímenes autoritarios, autocensurándose o tergiversando las realidades. El precio fue muy alto no sólo por el número de vidas humanas perdidas sino porque Guatemala se convirtió en un país silenciado, en un país incomunicado.

Vulneración de las comunidades mayas

62. La ceh concluye que las comunidades mayas también fueron convertidas en un objetivo militar durante los años más cruentos del enfrentamiento. Por el terror y la persecución, en ciertas regiones y años los mayas se vieron obligados a ocultar su identidad étnica, exteriorizada en su idioma y su traje. Con la militarización de las comunidades se trastornó su ciclo de celebraciones y ceremonias, y se profundizó la progresiva clandestinización de sus rituales. La agresión estuvo dirigida a menoscabar elementos con profundo contenido simbólico para la cultura maya, como se pretendió con la destrucción del maíz y el asesinato de ancianos. Estos hechos vulneraron elementos de la identidad de los mayas y trastocaron la transmisión intergeneracional de la misma. Asimismo fue agredida la cultura por la utilización que hizo el Ejército de nombres y símbolos mayas para denominar fuerzas de tarea u otras de sus estructuras.

63. A partir de 1982 y como práctica generalizada, las autoridades tradicionales mayas fueron sustituidas por delegados que procedían del ámbito castrense, como los comisionados militares y los jefes de pac. En otros casos, el Ejército intentó controlar, cooptar e infiltrar las estructuras tradicionales de autoridades mayas que las vivían. Esta estrategia tuvo como efecto la ruptura de los mecanismos comunitarios y de la transmisión oral del conocimiento de la propia cultura, así como la vulneración de las normas y los valores mayas de respeto y de servicio a la comunidad. En su lugar se introdujeron prácticas de autoritarismo y uso arbitrario del poder.

64. La presencia guerrillera, especialmente mediante la instauración en algunas comunidades de sus propias estructuras de autoridad como las Fuerzas Irregulares Locales y los Comités Clandestinos Locales, así como los nuevos liderazgos que en éstas se generaron, también provocaron el desplazamiento de las autoridades tradicionales y les restaron poder.

El desplazamiento forzado masivo

65. El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras en el periodo comprendido entre 1981 y 1983, desencadenó la huida masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas, pero que también incluía un importante número de familias ladinas, en especial en el caso de las zonas de colonización cercanas a la frontera con México. El desplazamiento forzado de la población civil en Guatemala destaca en la historia del enfrentamiento armado por su carácter masivo y su potencia destructora. Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conformaban su cohesión.

66. Las estimaciones sobre el número de desplazados va desde 500 mil hasta un millón y medio de personas en el periodo álgido (1981-1983), incluyendo las que se desplazaron internamente y las que se vieron obligadas a buscar refugio en otro país. La variabilidad de estas cifras refleja la naturaleza cambiante del desarraigo. Unas 150 mil personas buscaron su seguridad en México. Cerca de la tercera parte de ellas se ubicó en campamentos y contó con el reconocimiento del estatus de refugiado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur). Otras 50 mil personas vivieron como refugiados dispersos en Chiapas, mientras el resto se arraigó en la capital mexicana o en otras ciudades de dicho país. Hubo también flujos menores de personas que se encaminaron hacia Honduras y Belice, así como a los Estados Unidos de América. No obstante, todos compartieron situaciones semejantes: la pérdida de familiares y la destrucción de sus bienes materiales, que a menudo abarcaba todo el patrimonio familiar acumulado durante generaciones, así como la alteración violenta del curso de sus vidas.

67. Mediante su investigación la ceh constató que la población que huía se vio forzada a desplazarse constantemente mientras permanecía en el país, en gran medida para eludir las operaciones militares dirigidas en su contra a pesar de su indefensión; en parte para buscar comida, agua y refugio. La persecución militar, el constante movimiento y la amenaza de la muerte dificultaban enormemente la subsistencia. La vida a la intemperie, la desnutrición y los severos traumas emocionales por haber presenciado un sinnúmero de atrocidades, dejaron a la gente vulnerable, sobre todo los niños y ancianos, quienes murieron en gran número durante la huida y el desplazamiento.

El reasentamiento militarizado y la estigmatización de los desarraigados

68. A partir de 1983 la estrategia del Ejército frente a la población desplazada propuso lograr el control de la misma, recurriendo a la concesión de amnistías para el posterior reasentamiento de las personas en comunidades altamente militarizadas. La organización de los pobladores en las pac, el nombramiento militar de los alcaldes y alcaldes auxiliares, la creación de las Coordinadoras Interinstitucionales para asegurar el control castrense sobre las instituciones estatales y sociales en todos los niveles jurisdiccionales, la ampliación de las actividades de Asuntos Civiles del Ejército (S-5), que se encargaron de las operaciones psicológicas de "reeducación" de la población, así como la construcción de aldeas modelos en las regiones más conflictivas, fueron los mecanismos más importantes para asegurar el dominio sobre los reasentamientos.

69. La ceh ha comprobado que la estigmatización de la población desarraigada promovida por el Estado fomentó y ha perpetuado en muchos casos la ruptura comunitaria. Al acusarlos de ser guerrilleros o trasmitir el mensaje de que eran los responsables de la conflictiva situación, se obstaculizó el regreso de los desarraigados a sus lugares de origen y se contribuyó a su marginación por parte de los sectores que permanecieron en las comunidades. Para los desplazados internos que fueron detenidos en el curso de operativos militares o que se presentaron a las autoridades para reintegrarse a sus comunidades, la situación fue aún más complicada, ya que muchas veces fueron aislados durante un tiempo en campamentos especiales o en los destacamentos militares, sometidos a interrogatorios e intensos procesos de reeducación.

El anonimato de los desplazados en la capital

70. En el caso de las personas que buscaron refugio en la capital, el temor a ser localizados y convertidos nuevamente en objetos prioritarios de la represión determinó que buscaran preservar su anonimato como estrategia de supervivencia, pues su lugar de origen, su nombre, y hasta la falta de documentos personales, podían resultar motivos de sospecha de vínculos con el movimiento insurgente.

Resistencia e identidad de los desplazados

71. Los testimonios de los desplazados internos recibidos por la ceh revelan una actitud de resistencia al control militar y de defensa de la vida, no sólo en su sentido físico, sino también en lo referente a reguardar la propia identidad en sus dimensiones culturales y políticas. La experiencia de resistencia para preservar su identidad, adquirió una diversidad de formas y provocó importantes variaciones precisamente en ésta. La interacción con otros grupos étnicos, con habitantes de la ciudad, con personas de otros países, con otros sistemas educativos, con diferentes entornos naturales, además de las vivencias de la persecución y la muerte, transformaron ese elemento de relación que es la identidad, para producir una sociedad guatemalteca marcada por el enfrentamiento, pero también fortalecida potencialmente en la experiencia de la diversidad.

Los costos económicos del enfrentamiento armado

72. Basada en su investigación sobre los costos económicos del enfrentamiento armado, la ceh estima que, tan sólo durante los diez años comprendidos entre 1980 y 1989, se produjo una serie de costos directos cuantificables, que en su conjunto fueron equivalentes a dejar de producir por completo en Guatemala durante casi 15 meses, al representar el 121% del Producto Interior Bruto (pib) de 1990.

73. El mayor de estos costos (equivalentes al 90% del pib de 1990) resultó de la pérdida de potencial productivo por la muerte, desaparición o el desplazamiento forzado de personas que tuvieron que abandonar sus actividades laborales cotidianas o como secuela del reclutamiento de los pobladores para las Patrullas de Autodefensa Civil, en el Ejército o la guerrilla. La destrucción de capital físico, incluyendo bienes privados, comunitarios y de infraestructura, tales como puentes y torres eléctricas, también arrastró consigo cuantiosas pérdidas (más del 6% del pib de 1990). Este fenómeno implicó en muchas ocasiones la destrucción total de capital familiar, en su gran mayoría de familias mayas, sobre todo en el occidente y noroccidente de Guatemala.

74. Apoyándose en la investigación, la ceh concluye que el incremento del gasto militar que se produjo durante el enfrentamiento armado desvió las necesarias inversiones en salud y educación como destino de los recursos públicos, con el consiguiente abandono de la atención al desarrollo social. Esto aceleró el deterioro de las condiciones de salud y educación en las áreas más afectadas por el conflicto.

75. El enfrentamiento armado exacerbó también la tradicional debilidad del Estado al encarar la recaudación tributaria e intensificó la oposición del sector privado a las necesarias reformas fiscales. Esto quedó reflejado en el hecho de que, en el periodo comprendido entre 1978 y 1984, la carga tributaria disminuyó ininterrumpidamente, llegando en ese último año a un 7.1%, índice que marcó el nivel más bajo registrado en los últimos cincuenta años. Los efectos fueron decisivos: aumentó la brecha entre ingresos y gastos, encadenando una serie de desequilibrios macroeconómicos y debilitando aún más la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo.

76. La comparación del desempeño macroeconómico de Guatemala con otros países —principalmente Honduras y Costa Rica durante los ochenta— sugiere que, como consecuencia del enfrentamiento armado interno, se perdieron oportunidades de crecimiento económico que, sólo durante la década estudiada, eran equivalentes a alrededor de 14% del pib de 1990. Asimismo hubo otros costos no cuantificables relacionados con la destrucción del capital humano y social del país que, además de las pérdidas económicas directas que representaron, comprometieron seriamente el desarrollo futuro del Estado y de la sociedad guatemalteca. Lo expuesto permite a la ceh concluir que la sociedad en su conjunto, y no sólo las poblaciones directamente afectadas, ha tenido que asumir altos costos como consecuencia del enfrentamiento.

La solidaridad y la defensa de los derechos humanos

77. La ceh concluye que la represión no sólo generó terror, pasividad y silencio. Paralelamente y con altibajos en distintos momentos del enfrentamiento armado, surgieron respuestas individuales y colectivas ante los efectos deshumanizadores y denigrantes de la violencia. Contra grandes obstáculos, las entidades que emergieron de este proceso se dedicaron a la defensa de la vida, aun cuando todavía implicaba convivir con la amenaza de la muerte. Con una composición mayoritaria de familiares de víctimas y las comunidades sobrevivientes, los fundamentos esenciales de estas nuevas agrupaciones fueron la solidaridad humana, la defensa de los derechos elementales de la persona y las aspiraciones de respeto a la dignidad y la justicia. A la vez contribuyeron a reivindicar el ejercicio de los derechos ciudadanos, dentro del propio marco legal del país.

78. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos desarrollaron trabajos decisivos para afirmar nuevos principios de convivencia y contribuir a la restauración del tejido social. Aunque emergieron desde los sectores más afectados por el enfrentamiento, sus reivindicaciones trascendieron de inmediato a otros sectores más amplios de la sociedad. De modo especial durante los últimos años del enfrentamiento armado, diversas agrupaciones cívicas, tomando en cuenta la profunda relación entre la impunidad de quienes ejercían la violencia sistemática y la persistente militarización de la sociedad, buscaron estrategias y acciones que arrebataran el espacio de poder y preeminencia del Ejército sobre la vida social y política guatemalteca. La ceh considera que todos estos esfuerzos fomentaron una nueva conciencia de la necesidad de la justicia, el respeto a las leyes y la plena vigencia de un Estado de Derecho como requisitos de la democracia.

El movimiento maya

79. A juicio de la ceh el movimiento maya se afirmó durante los últimos años del enfrentamiento armado como un sujeto político fundamental. En su lucha contra la exclusión que sufren desde la fundación del Estado, han realizado importantes contribuciones en el ámbito de la multiculturalidad y la paz. Estas proporcionan bases ineludibles para que la sociedad en su conjunto revise su historia y se comprometa en la construcción de un nuevo proyecto de nación que recoja su naturaleza multicultural y que sea incluyente, tolerante y orgulloso de la riqueza que suponen sus diferencias culturales






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1 A lo largo de estas conclusiones se presentan algunas cifras que corresponden únicamente a los casos documentados por la ceh. Representan una muestra de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado.


Informe completo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Guatemala: Memoria del silencio