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La guerra civil en El Salvador (1981 - 1992)
Mauricio Chávez
Centro de Paz

 

ANTECEDENTES

La guerra civil que se desarrolla en El Salvador entre 1981 y 1992 es el resultado de la conflictividad social generada por el sistema político y económico de corte oligárquico que se implantó en el país a finales del siglo pasado y que prevaleció, con variaciones, durante la mayor parte del siglo veinte.

Los antecedentes del conflicto armado pueden trazarse con bastante claridad hasta la fallida insurrección campesina de 1932 liderada por el entonces recién fundado Partido Comunista Salvadoreño, la dictadura de doce años encabezada por el General Maximiliano Hernández Martínez (diciembre de 1931-mayo de 1944) y el ciclo de gobiernos militares que le sucedieron hasta 1979.

En octubre de ese año, "El movimiento de la Juventud Militar" derroca al General Romero e instala una Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por el Coronel Adolfo Majano, en un intento por abrirle paso a un proyecto reformista que contuviera la dinámica de confrontación entonces en pleno ascenso.

A lo largo del periodo de dictaduras militares, se desarrollaron diversos movimientos sociales y políticos que con diversas motivaciones e ideales promovieron la disidencia y la oposición en condiciones extremadamente difíciles de carencia de espacios democráticos y represión gubernamental.

Después del levantamiento cívico militar y la huelga de "brazos caídos" que derrocó al Dictador Hernández Martínez (1944), los movimientos democráticos se caracterizaron por desarrollar una lucha social y política legal y electoral hasta 1970, año en que pequeños grupos revolucionarios iniciaron la lucha armada ante lo que consideraron el agotamiento de los medios de lucha pacíficos.

En aquel momento, la represión gubernamental contra las organizaciones populares y sectores de oposición se intensificaba, cerrando cauces a las manifestaciones democráticas que se habían mantenido en las décadas anteriores. En estas condiciones, núcleos radicalizados pertenecientes a sindicatos, organizaciones estudiantiles y a partidos de oposición, principalmente al Partido Comunista Salvadoreño (entonces en clandestinidad) fundan las "las organizaciones político-militares".

En 1970 se crean las Fuerzas Populares de Liberación (FPL - Farabundo Martí -), en 1971 el Partido de la Revolución Salvadoreña-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP), en 1974 la Resistencia Nacional Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN-FARN) y en 1975 el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

Estas organizaciones se caracterizaron por desarrollar una estrategia de lucha armada basada en la formación de grupos guerrilleros urbanos, suburbanos y rurales, combinada con una de ampliación de su influencia y organización en los movimientos sociales de la época.

La década transcurrida entre 1970 y 1980 cimentó de forma irreversible las bases de una confrontación prolongada y sangrienta que alcanzaría su plena expresión entre 1980 y 1992. Fue un proceso caracterizado por la profundización del terrorismo de estado implementado por la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y diversos organismos paramilitares clandestinos ("Escuadrones de la Muerte") que operaron al amparo de las propias instituciones del estado y que contaron con el apoyo y financiamiento de poderosos grupos económicos y políticos. En esta época se registraron las primeras masacres, asesinatos y desaparecimientos forzosos ejecutados en el campo y la ciudad.

Asimismo fue un periodo caracterizado por el auge de la organización popular en el campo y la ciudad y por el agotamiento del sistema político de la dictadura, es decir, la realización de elecciones fraudulentas para legitimar a los gobiernos militares de turno.

Entre 1974 y 1980 se desarrollaron poderosas organizaciones populares tales como el Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), las Ligas Populares 28 de febrero (LP-28), el Frente de Acción Unificada (FAU) y Las Ligas para la Liberación, las cuales fundaron en enero de 1980 la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) y posteriormente contribuyeron decisivamente a la fundación del Frente Democrático Revolucionario (FDR) junto al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de tendencia social demócrata y al Movimiento Popular Social Cristiano.

Específicamente entre 1979 y 1980 se cierra el ciclo de gestación de la guerra civil, en la medida que la confrontación entre el Estado y amplios sectores de la población alcanza niveles álgidos. Fracasa el intento reformista promovido por la "Juventud Militar", con el desplazamiento de los sectores civiles y militares democráticos que iniciaron el movimiento y la entronización de un grupo militar de extrema derecha encabezado por el General Abdul Gutiérrez, el cual, eventualmente establecería una alianza estratégica con el gobierno de Ronald Reagan orientada a aniquilar al creciente movimiento revolucionario. A este esquema estratégico de "contrainsurgencia" se sumaría en 1980 el Partido Demócrata Cristiano encabezado por Napoleón Duarte, quien pasó a formar parte de la "Junta de Gobierno" que sucedió a la "Junta Revolucionaria de Gobierno".

El asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, (marzo de 1980) atribuido a grupos de extrema derecha, la intensificación del terrorismo de estado y la renuncia de los elementos democráticos de la Junta Revolucionaria de Gobierno, precipitaron sin duda el estallido de la guerra civil.



LA GUERRA CIVIL (1981-1992)

El 10 de enero de 1981, el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) fundado en octubre de 1980 por las cuatros organizaciones "político-militares" surgidas en la década anterior y por el Partido Comunista de El Salvador, lanzan una ofensiva militar generalizada, conocida como "la Ofensiva Final", la cual es considerada como el umbral de la guerra civil.

El enfrentamiento armado se generaliza paulatinamente en el territorio nacional. El FMLN desarrolla entre 1981 y 1983 su estrategia de "resistir, desarrollarse y avanzar", la cual consistió básicamente en la consolidación de su retaguardia estratégica, la organización del ejército guerrillero y el inicio de una estrategia político diplomática que esbozó desde 1981 sucesivas propuestas de solución política al conflicto armado.

Para entonces, el Partido Demócrata Cristiano en el Gobierno y los militares salvadoreños ejecutarían una de las guerras de contrainsurgencia más complejas y sangrientas en la historia de América Latina, guiados por la doctrina de "guerra de baja intensidad" propugnada por la Administración Reagan.

Hacia 1983 el FMLN alcanzó su propósito de transformar su pequeña estructura militar y miliciana de los años setenta en un ejército guerrillero profesional, las campañas militares de ese año dieron cuenta de decenas de pequeñas y medianas posiciones militares en el interior del país y el 30 de diciembre de 1983 las fuerzas guerrilleras toman por asalto el cuartel "El Paraíso", una de las mayores guarniciones militares del norte país, con lo cual se produce un importante cambio cualitativo en la correlación de fuerzas en la guerra. A esta operación de gran envergadura le sucederían otras de igual dimensión en los años subsiguientes.

La Fuerza Armada por su parte enfrentaba el reto de transformarse rápidamente de un viejo ejército convencional y represivo en una potente maquinaria de guerra irregular.

El notable avance militar del FMLN motivó un sustancial escalamiento de la participación norteamericana en la guerra civil. La Fuerza Armada salvadoreña apoyada por asesores militares norteamericanos, operó una readecuación estratégica y táctica entre 1983 y 1985 que consistiría en desarrollar una alta capacidad de movilización y concentración de fuerzas de infantería y el fortalecimiento del poder de fuego aéreo. El ejército intensificó la formación de los batallones de reacción inmediata (elites), batallones regionales (cazadores), unidades especiales y unidades de inteligencia militar, al tiempo que la fuerza aérea aumentaba el número y la calidad de sus medios aéreos.

A consecuencia de la intensificación del conflicto armado y especialmente a causa de la estrategia de tierra arrasada que el ejército implementó a partir de 1981, fueron destruidas centenares de poblaciones rurales y sus habitantes forzados a huir hacia los campamentos de desplazados en Honduras y otros países de la región. Se calcula que no menos de medio millón de personas fueron desplazadas de sus lugares de origen.

La dinámica de la confrontación permeó toda la sociedad. En las ciudades se desarrollaron entre tanto importantes organizaciones sociales, sindicales y comunales que acompañaron durante toda la guerra los esfuerzos por encontrar una salida política negociada al conflicto armado, en este período se fundan la Unidad Nacional de los Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y el Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz (CPDN). Estas organizaciones sufrieron persecución sistemática por parte de la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad y de las instancias clandestinas del Estado.

Hacia 1987 los ajustes y reajustes estratégicos operados tanto por las Fuerzas Armadas como por el FMLN generaron una situación de impase, donde ninguna de las dos fuerzas en contienda logró sobreponerse a la otra.

Entre tanto se desarrollaron sucesivos y fallidos intentos por abrir el camino de la solución negociada a la guerra. En este periodo se registran los Encuentros de dialogo de la Palma (Departamento de Chalatenango), Ayagualo (Departamento de la Libertad) y La Nunciatura Apostólica (San Salvador).

El 27 de julio de 1989, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolución 637 en la que expresa su pleno apoyo a los esfuerzos del Secretario General a fin de que continuara con su misión de buenos oficios en búsqueda de la paz en Centroamérica. Con lo cual queda abierto el camino para una activa participación de la ONU en la búsqueda de una solución negociada del conflicto en El Salvador.

El 15 de septiembre de 1989 las partes en conflicto reunidas en México, logran alcanzar un "acuerdo para entablar un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía política al conflicto en El Salvador".

En noviembre de 1989 el FMLN lanza su mayor ofensiva militar de la guerra, conocida como "Al tope y punto", la cual llevó el enfrentamiento a la capital y a las principales ciudades durante varias semanas. El gobierno de Alfredo Cristiani que había llegado al poder apenas en junio de ese año entra en crisis y en el contexto de lo que consideraban sería la inminente caída de San Salvador en poder de la guerrilla, miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada ordenan a elementos del Batallón Atlacatl ejecutar el asesinato a sangre fría de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, hecho que conmovió al país y al mundo y contribuyó a incrementar las presiones internacionales a favor del fin de la guerra civil.

Como resultado de los intensos enfrentamientos de noviembre y diciembre de 1989, se modifican patrones que se habían mantenido a lo largo de una década de confrontación política, militar y diplomática.

Por una parte, la Administración Bush opta por apoyar una solución negociada a la guerra en El Salvador dejando de lado el objetivo de alcanzar una victoria militar sobre la insurgencia, por otra parte, el gran escenario internacional del momento era precisamente el derrumbe de la Unión Soviética y el Campo Socialista, con lo cual, el conflicto salvadoreño perdió la relevancia que artificialmente tuvo durante la década anterior, en la que los EEUU lo consideraron como un punto crítico del enfrentamiento entre los Bloques ideológicos. Estos factores internacionales y el propio desarrollo del conflicto interno contribuyeron a generar un amplio consenso internacional sobre la necesidad de apoyar una solución negociada a la guerra en El Salvador.

Por otra parte, la presión de la sociedad salvadoreña en torno a la necesidad de la paz, debilitaba aceleradamente los factores materiales, humanos y morales que sostenían el enfrentamiento de las partes en conflicto.

De esta manera, se dinamizó el proceso de negociación que fue reiniciado en abril de 1990 con el Acuerdo de Ginebra, el cual establece los propósitos y el marco de la negociación política orientada a poner fin al conflicto armado, lograr la democratización, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la reconciliación de la sociedad salvadoreña.



IMPORTANCIA DEL PROCESO DE NEGOCIACION Y DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Después de una década de conflicto armado, se activaba realmente la dinámica de la solución política negociada y aunque el enfrentamiento continuó con igual e incluso mayor intensidad entre 1990 y 1991, las conversaciones de paz auspiciadas por el Secretario General de la ONU y "el grupo de países amigos" (México, Colombia, Venezuela y España) avanzaban gradualmente.

En este periodo se registran como hechos relevantes de la negociación: el Acuerdo de Caracas (21 de mayo de 1990) sobre una agenda general y un calendario de negociación; el Acuerdo de San José (26 de julio de 1990) sobre derechos humanos, el cual incluyó el establecimiento de una misión de verificación de las Naciones Unidas; la decisión del Secretario General de la ONU de establecer antes de la cesación del fuego el componente de verificación de derechos humanos de ONUSAL (marzo de 1991); el Acuerdo de México (27 de abril de 1991) sobre reformas constitucionales relativas a las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, los derechos humanos y el sistema electoral; y el Acuerdo de Nueva York (25 de septiembre de 1991) que establece una "negociación comprimida" para los restantes temas, entre otros: seguridad pública, económicos y sociales, reinserción de combatientes.

Después de dos años de intensa negociación, los Acuerdos definitivos fueron alcanzados en la sede de la ONU en Nueva York a la media noche del 31 de diciembre de 1991.

El histórico Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador fue firmado en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992.

El arduo y complejo camino de la negociación de los Acuerdos de Paz en El Salvador es el resultado de una histórica lucha por la democracia emprendida por diversas generaciones, la profundidad y la prolongación de la guerra civil, más allá del contexto de guerra fría en que se desarrolló, es sobretodo la expresión de las profundas contradicciones de una sociedad caracterizada por abismales desigualdades sociales, la ausencia de espacios democráticos y el autoritarismo.

En este sentido, los Acuerdos de Paz en El Salvador, más allá de sus limitaciones, constituyen la más importante reforma política desde la Independencia Nacional (1821), los cuales sientan las bases para la construcción de una sociedad democrática.



EL SALVADOR DESPUES DE LOS ACUERDOS DE PAZ

Los Acuerdos de Chapultepec, como son conocidos los Acuerdos de Paz en El Salvador, constituyen un conjunto de reformas al sistema político del país, entre ellas las más relevantes son las referentes a los temas militar, seguridad pública, derechos humanos, fin de la impunidad, sistema electoral y sistema judicial. Asimismo, incluyen aspectos relativos a temas socioeconómicos: un Programa de Transferencia de Tierras dirigido a pobladores de zonas exconflictivas y a excombatientes de ambos ejércitos, un Plan Nacional de Reconstrucción y un Programa de reinserción a la vida civil y productiva para los participantes directos en el conflicto armado.

En el tema militar, los Acuerdos restringen el papel constitucional de la Fuerza Armada a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, eliminando cualquier atribución en materia de seguridad pública, asimismo establecen medidas para la depuración de los oficiales involucrados en violaciones a los derechos humanos y la reducción del ejército a unos treinta mil efectivos. Los compromisos relativos al tema de Fuerza Armada en su mayoría han sido cumplidos satisfactoriamente.

En el tema de seguridad pública, se acuerda la supresión de los cuerpos de seguridad militarizados (Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional) y la creación de nuevas instituciones, principalmente la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, las cuales, están llamadas a desarrollar un modelo de seguridad pública adecuado a una sociedad democrática. Aunque formalmente los compromisos referentes al tema han sido cumplidos, el Secretario General de la ONU ha señalado diversas distorsiones en el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, especialmente en el de la PNC.

Se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), encargada de velar por el respeto a los mismos por parte de las instituciones del Estado, a la fecha, la PDDH es una institución con un amplio nivel de legitimidad que ha realizado un trabajo efectivo en aspectos de su competencia, a pesar de sus limitaciones presupuestarias y de la hostilidad de que es objeto por parte de algunos funcionarios de gobierno.

Por otra parte, se crea la Comisión de la Verdad y eventualmente el Grupo Conjunto para la Investigación de los Grupos Armados Ilegales, los cuales producen sendos informes en los que establecen señalamientos concretos de responsabilidad en la violación a los derechos humanos por parte de individuos, grupos e instituciones estatales y un conjunto de recomendaciones para terminar con la impunidad en el país.

No obstante, después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa aprobó una amnistía que amparaba a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, y adicionalmente varias de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad continúan aún sin haber sido implementadas por parte del Gobierno de El Salvador.

Las reformas electorales establecidas en los Acuerdos de Paz probaron ser sumamente deficientes, razón por la cual, tras las elecciones presidenciales de 1994 (caracterizadas por toda clase de fallas y vicios del sistema electoral) se acordó la creación de una Comisión Presidencial que produjo un conjunto de recomendaciones adicionales que no fueron implementadas antes de las elecciones legislativas y municipales de 1997. Actualmente, algunas de las recomendaciones antes mencionadas se encuentran en proceso de ejecución (p.e. la creación del registro nacional de personas naturales) y varias otras aún sin implementar. Como parte del cumplimiento de los compromisos relativos a este tema se creó el Tribunal Supremo Electoral, el cual está integrado por magistrados y personal pertenecientes a los partidos políticos mayoritarios, situación que obviamente cuestiona su profesionalismo y apoliticidad.

La reforma judicial establecida en los Acuerdos de Paz constituye probablemente la parte más deficitaria en su implementación ya que aunque se han materializado algunos de los compromisos ahí establecidos, como la creación de nuevos mecanismos para la elección de la Corte Suprema de Justicia y la creación de nuevas instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura, es evidente que el sistema judicial de El Salvador continúa sufriendo de graves insuficiencias y vicios, tal como lo han señalado sucesivos informes del Secretario General de la ONU.

Después del cese del enfrentamiento armado y tras la desmovilización del ejército guerrillero conocido como Ejército Nacional para la Democracia (END), el FMLN se transformó en un partido político legal y actualmente cuenta con 27 diputados en la Asamblea Legislativa, gobierna el municipio de San Salvador y unas cincuenta ciudades y poblaciones del interior del país.

A pesar de las incontables irregularidades con que fueron ejecutados, los programas de transferencia de tierras y de reinserción de excombatientes a la vida civil y productiva han sido ejecutados en su totalidad, sin embargo es claro que la mayoría de la población beneficiaria se encuentra en niveles de pobreza y subsistencia, debido a que dichos programas carecían de una visión de mediano y largo plazo y por tanto no contaron con adecuados niveles de financiamiento, asistencia técnica y trasferencia de tecnología.

Entre 1992 y 1997, El Salvador ha experimentado mayores cambios en su sistema político que en los cien años precedentes, sin embargo, continúan latentes muchos de los problemas que dieron origen a la confrontación social y a la guerra, particularmente las enormes desigualdades sociales, la creciente pobreza y la falta de oportunidades de vida digna para la mayoría de la población, por ello es de vital importancia profundizar en el análisis de la historia que es, en definitiva, nuestra fuente más confiable de aprendizaje.