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Las movilizaciones populares logran suspender las privatizaciones en Perú
La Jornada. REUTERS, AFP Y DPA

Dimite el ministro de Interior mientras cinco departamentos del sur están en paro total

El gobierno del presidente peruano Alejandro Toledo acordó dejar en suspenso la privatización de las empresas de electricidad Egasa y Egesur hasta que un tribunal falle sobre la legalidad del proceso de venta, y se comprometió a levantar en 48 horas el estado de emergencia y el toque de queda impuesto desde el domingo en Arequipa ante las crecientes protestas que ya costaron su puesto al ministro del Interior, Fenando Rospigliosi, quien esta noche anunció su dimisión.

El acuerdo fue alcanzado por la comisión de alto nivel enviada a la región por el gobierno central, y unos 14 presidentes municipales y el Frente Cívico Amplio de Arequipa, en el segundo día de negociaciones y en momentos en que cinco departamentos del sur peruano se encontraban en paro total, con bloqueo de arterias citadinas y de carreteras de la zona.

Además, a 11 meses de su asunción presidencial y con el más bajo índice de popularidad, el presidente Alejandro Toledo se vio obligado a ofrecer disculpas al pueblo arequipeño por no haber explicado suficientemente sus medidas privatizadoras, a cancelar una gira a Nicaragua y Estados Unidos y a admitir que incumplió su promesa electoral de no privatizar las empresas eléctricas en cuestión, que justificó porque "jamás imaginé encontrar el gobierno en escombros".

En la Declaración de Arequipa, signada entre las partes, se acordó un desgravio público del gobierno por una serie de declaraciones de varios funcionarios, consideradas ofensivas por los arequipeños, entre los que se citó a los ministros de Justicia, Fernando Olivera, y del Interior, Fernando Rospigliosi.

Ambos ministros cuestionaron la pertinencia y legalidad de las protestas en Arequipa por la privatización de las dos empresas de generación eléctrica, concretada el viernes pasado. Rospigliosi llamó "tontos útiles" a los alcaldes que se plegaron a una huelga de hambre contra la privatización, y Olivera amenazó con denunciar por prevaricato al juez que otorgó un amparo contra la subasta de las empresas.

El amparo fue solicitado por el alcalde arequipeño Juan Manuel Guillén, quien ha encabezado las protestas, así como por una docena más de colegas de su provincia, que reclaman para la región las acciones de las empresas, subastadas por el gobierno central y que ganó la firma belga Tractebel por 167 millones de dólares.

Ante el nuevo giro, Tractebel anunció que esperará la decisión del Poder Judicial peruano antes de adquirir las acciones de Egasa y Egesur, que le fueron adjudicadas el viernes pasado cuando el gobierno de Toledo ignoró el dictamen de amparo.

Tractebel, con sede en Bruselas y que está presente en unos 100 países y es filial de la francesa Suez, negó que haya sido acusada de corrupción por la justicia peruana. En ese sentido, negó denuncias difundidas por la prensa de que haya entregado un soborno de 10 millones de dólares al depuesto ex presidente Alberto Fujimori.

El vicepresidente Raúl Díez Canseco, uno de los integrantes de la comisión negociadora gubernamental, dio a conocer el acuerdo alcanzado con el Frente Cívico Amplio de Arequipa de suspender las privatizaciones hasta que la justicia emita un fallo sobre el caso.

El alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, calificó de "triunfo del pueblo arequipeño y de Perú" el acuerdo y las protestas iniciadas el viernes pasado en su departamento, y a lo que se sumaron en solidaridad los de Cuzco, Puno, Monquegua y Tacna.

A su vez, la región se comprometió, en un tercer punto de la Declaración de Arquipa, al inmediato restablecimiento el orden público para que el departamento regrese a su vida normal, por lo que, en consecuencia, el estado de emergencia quedará sin efecto a más tardar en 48 horas.

Al margen del acuerdo y ante reclamos de Arequipa, el primer ministro Roberto Daqino descartó que el gobierno central convoque a un referéndum para definir la suerte de las dos empresas eléctricas, al considerar que no sería deseable ni aconsejable, porque sentaría un precedente para futuras privatizaciones.

Además, dijo, afectaría los cuatro próximos años de Toledo, que ha hecho de las privatizaciones su eje de gobierno para atraer inversión extranjera y generar empleos. Pero tal posición contrasta con la de los arequipeños que temen que la privatización de Egasa y Egesur derive en alzas de tarifas y una ola de despidos masivos.

Por lo pronto, al parecer el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás en su estrategia debido a que a la convulsionada región sureña se vino a sumar este día un paro nacional de 48 horas del transporte público por reclamos gremiales, que afectó a Lima y concentró su mayores adeptos en solidaridad precisamente en las cinco regiones ya en protesta por el asunto de las empresas eléctricas.

En Arequipa, la segunda ciudad en importancia de Perú y foco de las protestas, donde han prevalecido las barricadas y las protestas callejeras pese al estado de emergencia y el toque de queda, hoy cientos de pobladores volvieron a tomar las calles portando banderas, haciendo sonar silbatos y ollas para festejar el acuerdo que deja en suspenso la venta de las compañías eléctricas locales.

Mientras la gente cantaba, bailaba, gritaba y los automovilistas hacían sonar sus bocinas, la policía y los soldados comenzaron a abandonar sus puestos de vigilancia para dirigirse a sus dependencias en medio de sonoras rechiflas de los habitantes.