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Paraguay: la sombra
de Stroessner
Higinio Polo
Paraguay es un país casi
olvidado, apenas conocido por la guerra de la Triple Alianza,
cuando entre 1865 y 1870 los británicos consiguieron lanzar a
Brasil, Argentina y Uruguay a la guerra contra Asunción, y por
la guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, por la disputa del petróleo
entre Paraguay y Bolivia, y, sobre todo, tras la segunda guerra
mundial, por la figura del siniestro Stroessner que dominó el país
a partir de 1954. En 1989, tras treinta y cinco años de poder
dictatorial, un golpe de Estado de sectores del propio régimen -conscientes
del agotamiento político de la tiranía y dirigidos por Andrés
Rodríguez, familiar del autócrata-, terminó con la dictadura e
inició una controlada transición democrática en la que el
partido Colorado de Stroessner continuó jugando un papel central,
aunque dividido entre diversas facciones enemigas entre sí.
Tras la caída de Stroessner, las decisiones estratégicas de
Washington -gran patrón del régimen- para el futuro del
Paraguay se centraron en el mantenimiento del poder de la pequeña
élite económica que había controlado el país desde la segunda
guerra mundial, en el olvido de la represión militar bajo la
dictadura, en la renuncia a enjuiciar los crímenes cometidos, así
como en el establecimiento de un régimen cliente más
presentable y en la neutralización de las organizaciones de
izquierda, en el marco de la apertura y liberalización de una
pequeña economía enclavada entre los dos gigantes de América
del Sur: Brasil y Argentina. A grandes rasgos Washington consiguió
sus objetivos, aunque los primeros años de la transición
estuvieron marcados por numerosas movilizaciones campesinas y por
la reacción posterior de los terratenientes, que no dudaron en
organizar bandas paramilitares que tan siniestro recuerdos traen
en América Latina.
Bajo la presidencia de Wasmosy, las reclamaciones de los
campesinos pobres continuaron, y las ocupaciones de tierra fueron
neutralizadas con la represión e incluso con el asesinato de
campesinos significados, llegando el ejército y la policía
hasta el recurso de destruir las casas de quienes habían ocupado
tierras abandonadas, a imagen y semejanza de la actual política
del israelí Ariel Sharon hacia los palestinos. No es casual el
protagonismo campesino en las recientes protestas, puesto que los
trabajadores urbanos e industriales tuvieron siempre en el país
una importancia menor que el campesinado: los campesinos exigían
tierra para desarrollar su vida y combatían al mismo tiempo el
robo de las propiedades públicas, de manera que la década de
los noventa ha sido el escenario de la resistencia campesina a la
entrega de tierras estatales a los latifundistas a precios ridículos.
Hoy, como en otros países del área, la situación del Paraguay
muestra cómo el hambre sigue atenazando a una parte de la
población, e indica sin lugar a dudas que la corrupción de la
policía y del ejército no ha disminuido. Pero pese a las
crecientes luchas populares el país se enfrente a un difícil
problema: no hay una organización política que pueda dirigir
los cambios si la situación estalla, al igual que ocurre en
Argentina. Algunas organizaciones, como el Partido Comunista,
sufren todavía las consecuencias que tuvieron para sus
militantes la feroz represión de la dictadura. La ferocidad de
Stroessner diezmó las filas de la izquierda.
Los militares siguen teniendo un papel central en la vida del país:
en 1996 amenazaron al presidente Wasmosy con un golpe de Estado -cuyo
instigador fue el general Oviedo, jefe de una facción del
partido Colorado de Stroessner- y el presidente se refugió en la
embajada norteamericana, aunque la resistencia ante la amenaza
militar no vino del embajador de Clinton sino de los campesinos y
jóvenes estudiantes que se manifestaron por el país y, después,
por la convocatoria de una huelga general que fue la movilización
más importante que ha tenido lugar en las últimas décadas. En
marzo de 1999, fue asesinado el vicepresidente de la república,
Luis María Argaña, y los sectores democráticos exigieron el
cese del presidente Raúl Cubas Grau y del siniestro general
Oviedo, previsibles cómplices en el asesinato. Los sindicatos
hicieron un llamamiento a la huelga general exigiendo el
procesamiento de Oviedo, y la represión militar acabó con nueve
manifestantes muertos en las calles y más de setenta heridos,
aunque la protesta popular forzó la huida de Oviedo y la
renuncia de Cubas. Derrocado el gobierno, el presidente Cubas se
exilió a Brasil, y el general Lino César Oviedo huyó a la
Argentina. Todo ello se produjo en el marco de un enfrentamiento
soterrado entre diferentes grupos de la burguesía económica:
para unos el general Oviedo era el instrumento autoritario
necesario para la implantación del nuevo modelo neoliberal,
aunque la resistencia popular hizo inviable el proyecto, mientras
que para los que pretendían implantar un modelo capitalista
democrático convencional el protagonismo del ejército les parecía
contraproducente. El presidente del Senado en el momento de la
renuncia de Cubas Grau, Luis González Macchi, se convirtió en
el nuevo presidente de la república. Tras la formación de un
nuevo gobierno -bautizado de unidad nacional- la presión de la
embajada norteamericana terminó por arrancar un acuerdo entre
los diferentes sectores económicos que controlan el país,
vinculados al viejo régimen de Stroessner, para iniciar una política
privatizadora en todos los sectores económicos, apuesta que
recibió también el apoyo del gobierno brasileño del socialdemócrata
Cardoso y de las instituciones internacionales controladas por
Washington. Pese a todo, el general Oviedo sigue teniendo una
gran influencia en el ejército, y la crisis no se ha cerrado:
varias decenas de militares, seguidores de Oviedo, están
encarceladas.
La resistencia a la política de privatizaciones es lo que ha
hecho fracasar hasta el momento el proyecto neoliberal de las
fuerzas que controlan el país: tanto los campesinos como los
trabajadores de las empresas estatales reaccionaron convocando
una huelga general en diciembre del 2000, exigiendo el cese de
esa política regresiva, sabiendo que el sable de los militares
sigue amenazando el futuro del país. En abril de 2001, Osmar
Martínez, principal dirigente del MPL (Movimiento Patria Libre,
una organización campesina que orienta la lucha hacia el
socialismo) constataba que más de una década después de la caída
de Stroessner, la oligarquía que gobierna el país continuaba
sin responder a las demandas populares. Otro movimiento, el MST (Movimiento
Sin Techo, que persigue la legalización de las tierras urbanas
que han sido ocupadas) tiene también planteamientos
revolucionarios, que han llevado a los sectores de la derecha
paraguaya a acusarlos de connivencia con la guerrilla colombiana
de las FARC.
El Movimiento de los Sin Techo agrupa a unas ciento cincuenta mil
personas que están instaladas, ocupando las tierras, en casi 80
núcleos situados alrededor de Asunción, la capital del país.
Muchos de esos ocupantes son antiguos trabajadores despedidos de
las empresas privatizadas o cerradas por el gobierno, que añaden
exigencias a las que plantean los campesinos. No es para menos:
el problema de la propiedad de la tierra sigue siendo decisivo en
un país en el que el 1% de la población es dueño del 90 % de
la tierra disponible. A todo ello hay que añadir que en los últimos
meses la histeria de la pretendida lucha contra el terrorismo
impulsada por Washington también ha llegado al Paraguay: la
embajada norteamericana, verdadero centro de poder paralelo, que
cuenta además con tropas estadounidenses destacadas en el país,
ha forzado al gobierno de González Macchi, tras los atentados
del 11 de septiembre, a una arbitraria persecución contra
musulmanes de diferente origen instalados en el país, actitud
que ha sido denunciada en un llamamiento conjunto de las fuerzas
de izquierda, entre las que se encuentran las más significativas,
como el Partido Comunista Paraguayo y el Movimiento Patria Libre.
La arbitrariedad sigue presente y la justicia apenas cuenta:
ilustra su estado que el ex Fiscal General del Estado, Luis
Escobar, declarase recientemente que "la justicia paraguaya
está peor que en la época de Stroessner".
El pasado mes de enero de 2002 se iniciaron nuevas acciones de
protesta populares, entre ellas un cacerolazo al que asistieron
miles de personas ante la sede del gobierno en Asunción, en una
respuesta similar a las de la vecina Argentina y en la que se
planteaban reclamaciones sobre el hambre, la pobreza, sobre la
falta de educación pública y de instalaciones hospitalarias. La
represión no se ha hecho esperar, llegando el aparato de poder y
los medios de comunicación a sugerir acusaciones absurdas de
complicidad terrorista de los dirigentes populares. A mediados de
enero fueron detenidas varias personas, entre ellas los
dirigentes del Movimiento Patria Libre, Anuncio Martí y Juan
Arrom. No fue una detención legal: pocos días después, fue
denunciada por sus familiares la desaparición de ambos, de
manera que podía temerse que el gobierno recurriese de nuevo a
la siniestra ficción de hacer desaparecer a los dos militantes,
al igual que hicieron años atrás con miles de personas
inocentes los Videla, Masera, Pinochet, o Stroessner.
El ministro del Interior paraguayo intentó responsabilizar a los
dos desaparecidos por el secuestro de una mujer, justificando así
su detención, aunque la policía negaba tener detenidos a Martí
y Arrom, lo que hacía más inquietante la situación. Era
evidente que los dos dirigentes populares estaban desaparecidos,
hasta el punto de que muchos temieron por su vida. Los partidos
de izquierda (Partido Comunista y Convergencia Popular Socialista,
entre otros), además de convocar a manifestaciones de protesta
exigiendo la aparición inmediata de ambos, difundieron un
comunicado en el que afirmaban que en los últimos diez años
"decenas de dirigentes sociales fueron asesinados en
diferentes puntos del país por defender los derechos del pueblo
y por estar en contra de la injusticia y de la miseria que el
gobierno profundiza cada día más, favoreciendo a terratenientes
y traficantes politiqueros de todos los colores".
Finalmente, la presión popular consiguió que Anuncio Martí y
Gabriel Arrom aparecieran con vida, tras haber permanecido trece
días secuestrados en una cárcel clandestina, en la que ambos
fueron torturados. Las complicidades de los órganos de seguridad
de la república son evidentes: Martí reconoció a un alto jefe
de la policía como uno de sus torturadores, por lo que el
Movimiento Patria Libre ha exigido el juicio político al fiscal
general del Estado y al presidente de la República. Todo ello
ocurre en un pequeño país de América del sur, pero en un
contexto internacional en el que Washington, si bien está
centrado en el final de la guerra en Afganistán y en las nuevas
amenazas militares lanzadas contra Irak, Irán y Corea del Norte,
no olvida los desafíos que enfrentan los Estados Unidos en otras
zonas del planeta. El director de la CIA, George Tenet, mantuvo
en su reciente declaración ante el Comité de Inteligencia del
Senado que América Latina se está convirtiendo en una zona cada
vez más peligrosa para los intereses norteamericanos: además de
la siempre presente cuestión cubana, Tenet citó a la Argentina,
Colombia y Venezuela como los focos de crisis más preocupantes
para los Estados Unidos e insistió en el peligro potencial que
suponen las más de veinte mil personas de confesión musulmana
que viven en la llamada triple frontera entre Brasil, Argentina y
Paraguay. Tenet no hizo ninguna referencia a la miseria de la
población de América Latina, ni a los peligros que acechan a la
libertad de los ciudadanos: Washington, que tanta atención
reclama para sus heridas, tiene piel de dinosaurio y oídos de
serpiente para el sufrimiento ajeno.
Los desaparecidos del Paraguay pueden ser apenas un síntoma, la
constatación de un zarpazo sombrío, de un vómito de espuelas,
o algo todavía más inquietante: la crisis paraguaya continúa
abierta, si bien la evidencia de que de nuevo los gobiernos del
área recurren al siniestro expediente de los desaparecidos, a
los asesinatos de manifestantes en las calles -como en Argentina-,
o cierran los ojos ante la actuación de bandas de matones
paramilitares, como en Brasil, debe encender entre nosotros las
luces de todas las alarmas, debe reconocer el sufrimiento de la
oscuridad, las ruinas calcinadas de la pobreza, el incendio de
las palabras aplastadas, debe rechazar el frío de la costumbre
ante la adversidad y levantar la solidaridad frente a los
vendedores de mentiras, activando otra vez la memoria contra el
terror. La sombra de Stroessner ha oscurecido de nuevo el
Paraguay.